El Congreso ha puesto la mira en la poca eficiencia de la Secretaría de la Función Pública, después de que un reportaje de Reuters revelara como los empleados usan el dinero de la dependencia para pagarse lujos diversos, cuando en teoría deberían vigilar por el correcto uso del dinero público.
Armando Ríos Piter, integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, criticó los pocos resultados que tiene la dependencia.
“El 97 por ciento de las denuncias por corrupción que ha establecido la Auditoría Superior de la Federación entre el 98 y el 2015, estoy hablando de un universo de 656 denuncias penales por actos de corrupción, sólo 19 han terminado en consignaciones, es decir, el 97 por ciento de las denuncias han quedado impunes o tal vez no han tenido el castigo que presuntamente debió haber habido”, dijo.
Piter afirmó que a pesar de que la estancia en ocasiones cuenta con elementos y facultades de investigación o revisión en contra de algún actor público, los procesos se estancan.
Ríos Pitter habló en la inauguración de los foros en materia de anticorrupción, en la cual los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) señalaron que la ley anticorrupción debe contener mecanismos que prevengan actos de corrupción, un conjunto de valores éticos que rijan el actuar de los funcionarios y establecer parámetros de conflictos de interés, entre otros aspectos.
El presidente Enrique Peña Nieto, revivió a la SFP ordenándole que lo investigará a él mismo sobre el conflicto de interés en la compra, que realizó su esposa, de la famosa Casa Blanca. Después de un año de investigación la SFP no encontró ningún conflicto de interés de Peña Nieto ante la indignación de la sociedad.