Revés al padrino político de Peña Nieto



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La Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) dio hoy un revés a Arturo Montiel, el padrino político de Enrique Peña Nieto, al dar la razón  a Maude Versini en la batalla legal por la custodia de sus hijos que durante más de tres años lleva librando contra su exmarido, a quien acusa de protegerse detrás de Peña Nieto.

Arturo Montiel Rojas, exgobernador del Estado de México de 1999 a 2005 y tío del actual presidente de México ha sido acusado de usar la fuerza del estado, primero como Gobernador y después a través de su sobrino para quitarle el derecho de ver a sus hijos a su exmujer.

Versini lleva poco más de tres años sin poder ver a sus hijos por lo que la CIDH reconoce ahora su derecho a disfrutar de un régimen de visitas que proteja “el derecho a la familia, la integridad física y psíquica de los niños”.

El organismo internacional insta al Gobierno de México en una cautelar a implementar un régimen de visitas de Versini a sus hijos “en condiciones adecuadas, sin restricciones innecesarias y que se cumplan de manera efectiva y segura en un ambiente de normalidad”.

Versini y Montiel se casaron en 2002, se divorciaron en el 2007 y en el 2011 el político denunció a su exesposa de supuesto maltrato. Un tribunal mexicano del Estado de México, donde Montiel era gobernador, le dio la razón en menos de dos semanas, una velocidad asombrosa en comparación con el plazo medio de estos procedimientos en México.

Desde entonces la exesposa del político emprendió una campaña para denunciar los atropellos de los que se dice objeto debido a las altas influencias que tiene su marido, primero como priista y político y después por la llegada al poder de su ahijado y sobrino.

En noviembre pasado, un tribunal francés emitió una orden internacional de detención contra Montiel por sustracción de menores. El mandato no es ejecutivo en México pero la presión va inclinando poco a poco la balanza a favor de la madre.

La reciente resolución de la CIDH es otro avance en esa dirección. De acuerdo con las leyes internacionales, el organismo entiende que la separación de niños de su madre constituye una violación del derecho de protección a la familia.



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