Arturo Escobar, el delincuente encargado de prevenir el delito

Por José Manuel López, 26 de noviembre del 2015

Cuando se nombró a Arturo Escobar subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, una decena de organizaciones no gubernamentales le dijeron al Presidente Enrique Peña Nieto lo evidente.

“Un delincuente no puede encargarse de prevenir el delito”, Peña ignoró a la sociedad civil y el secretario de Gobernación, Miguel Ángelo Osorio Chong, salió a defender a Escobar. Ahora el polémico funcionario ha tenido que separarse de su cargo y podría ser encarcelado.

El acontecimiento, por supuesto, contribuye al mayor desprestigio de Peña Nieto y su secretario de Gobernación.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delito Electorales (Fepade), que depende de la Fiscalía general, ha pedido a un juez el arresto de Escobar por haber incurrido en un delito electoral al contratar una empresa para entregar tarjetas de descuento a los votantes durante las elecciones del pasado mes de junio.

Escobar expresidente del Partido Verde y vocero de esta organización fue quien realizó los contratos par la entrega de tarjetas de descuento a los electores.

La Ley General en Materia de Delito Electorales señala que quienes entreguen dinero o un pago en especie para respaldar a un partido o candidato, durante el proceso electoral, pueden ser castigados con una pena de entre 5 y 15 años de prisión o una multa económica.

En las pasadas elecciones el Partido Verde violó reiteradamente la Ley y Arturo Escobar se le ha identificado por diversas organizaciones civiles y partidos políticos como el artífice de las ilegalidades.

Pero la historia de las controversias de Escobar, muy cercano al polémico Niño Verde, no inicia en las pasadas elecciones ya que en el  2009, Escobar fue detenido en Chiapas con una maleta Louis Vuitton que contenía 65.000 dólares en efectivo.

Entonces, reconoció que el bolso era suyo pero que desconocía el origen del dinero, por supuesto el asunto no llegó a mayores cuando a cualquier ciudadano se le hubiera procesado, por lo menos, por lavado de dinero.