Congreso declara guerra a IP mexicana
Lo que los legisladores mexicanos no están dispuestos hacer y volver púbico, que es la declaración de su patrimonio, se lo impondrán a los empresarios proveedores del Gobierno.
En venganza por haber impulsado la Ley 3de3 que buscaba conocer la fortuna de políticos en puestos de elección, la Cámara de Diputados aprobó ayer reglas que obligarán a las empresas proveedoras del Gobierno a presentar las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses
La Cámara de Diputados aprobó anoche las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, pese al enojo de los empresarios, quienes por la tarde salieron a la calle para protestar por su inclusión en disposiciones de rendición de cuentas a las que también estarán sujetos legisladores y candidatos.
En las reglas aprobadas se establece la obligatoriedad de que los políticos en puestos de elección hagan estas declaraciones, pero la redacción permite que lo hagan a su discreción y por lo tanto mata la posibilidad de una adecuada rendición de cuentas, además el PRI, Verde y el Panal bloquearon la propuesta de la oposición de que estas declaraciones sean públicas, o sea le impiden al ciudadano que conozca la información de los funcionarios
Para evitar que los ciudadanos conozcan la información el PRI incluyó un artículo que señala que la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya difusión pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
Redacción que abre la puerta a que los políticos mantenga en la opacidad la información.
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