Un contratista da una casa de lujo a la esposa del Presidente de la República a precios preferenciales y con el antecedente de que este contratista ha sido beneficiado ampliamente por el propio el Presidente, un grupo de reporteros lo descubre y lo publica.
En cualquier país con una sólida democracia al presidente se le impediría seguir gobernando, o por lo menos se le abriría un proceso, pero en México la única medida notoria que se dio fue el despido de los reporteros que revelaron el evidente conflicto de intereses de Enrique Peña Nieto y Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.
La existencia de un empresario que otorga beneficios a la familia de Enrique Peña Nieto, después de que ha recibido grandes beneficios del Gobierno, no solo evidencian el desprecio de la clase gobernante al ciudadano sino que también muestran una clase política cómplice al no haber abierto un proceso al gobernante.
Este caso nos muestra como todos los partidos políticos “nos deben a los ciudadanos” y lo difícil que es fomentar un estado de derecho cuando el primero que viola principios, que podrían no estar típificados como delitos, hablan de decencia y honestidad.
A un año de este suceso, Carmen Aristegui la periodista que dio a conocer el caso de la “Casa Blanca” habla de lo que sigue para ella y su equipo,