GIEI entrega su último informe y critica al Gobierno
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó su último informe sobre el caso Ayotzinapa que contiene críticas al Gobierno Mexicano, la ratificación de la postura del equipo (principalmente que los estudiantes no fueron incinerados donde se dijo) y 22 recomendaciones sobre el caso.
Con este reporte el GIEI concluye su trabajo en México en un claro desencuentro con el Gobierno Federal, que a pesar del descrédito por la manipulación de las pruebas, vuelve a la tesis del inicio, que los estudiantes fueron incinerados en un basurero cercano a Iguala.
Los integrantes del GIEI denunciaron que su trabajo en México fue obstaculizado por las autoridades y coincidieron en desestimar el documento emanado del tercer peritaje de fuego realizado en el basurero de Cocula y en el que resolvió la existencia de un incendio controlado en el lugar.
“Por estas razones, el GIEI concluye que no hay una sola evidencia o un hilo de evidencia para cambiar su conclusión del 6 de septiembre que en el basurero de Cocula no se incineraron a los 43 estudiantes”, aseveró Francisco Cox.
Entre los señalamientos que realizó el equipo compuesto por Ángela Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox, Carlos Beristáin y Alejandro Valencia destaca una diligencia realizada por el Gobierno Federal el 28 de octubre de 2014 en Cocula, Guerrero, un día antes del primer peritaje oficial y que sin embargo no incluyó en el expediente.
Según los integrantes del GIEI, esta diligencia que fue videograbada y en la que presumiblemente participó el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, fue la víspera de la concretada, tanto en el río San Juan como en el basurero de Cocula, Guerrero, el 29 de octubre.
“Esto tiene que ser investigado y se tienen que determinar las responsabilidades, no hacemos más conjeturas sobre cómo se manejan o no, lo que sí vemos es que se recoge evidencia y que esa evidencia no está en el expediente y no sabemos qué ha pasado con ella, y eso es lo que nos parece fundamental”, exigió Carlos Beristain, integrante del GIEI.
En el documento se habla de la existencia de 17 casos de tortura y la participación de policías de Huitzuco en la desaparición de los 43 normalistas.
El Grupo criticó que al Gobierno le faltó comunicación pública para evitar filtración, atención adecuada y manejo público de las víctimas, informes médicos adecuados a estándares internacionales y actitud cooperativa frente a asistencia internacional, entre otros.
El GIEI pidió la disminución de la burocracia en las indagatorias, evitar que las violaciones de derechos humanos se juzguen bajo el rubro de delincuencia organizada así como evitar la fragmentación de los procesos.
También solicitó no cerrar la investigación sobre un quinto autobús en el caso, sobre el que SomosVoz informó oportunamente (Reviven teoría de autobus cargado de droga).
De acuerdo con el informe conclusivo del GIEI, corporaciones policiacas de municipios guerrerenses como Iguala, Cocula y Huitzuco, Guerrero, actuaron de forma coordinada para evitar que salieran de Iguala los normalistas de la Normal de Ayotzinapa.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, lamentó la posición del Estado mexicano al no apoyar la prórroga al GIEI a pesar que no se cumplió el objetivo de hallar a los 43 normalistas.
Cavallaro también hizo un llamado a las autoridades mexicanas para no cesar en la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa, y señaló que la CIDH continuará monitoreando el caso. Los trabajos del GIEI en nuestro país para analizar el caso Iguala concluyen el próximo 30 de abril.
La misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) culmina “a pesar de que los objetivos permanecen incumplidos, principalmente lo que se refiere a la ubicación de los estudiantes desaparecidos”, dijo Cavallaro al lamentar también que no hubo representantes gubernamentales en esta presentación.
Por otra parte, Amnistía Internacional dijo que el informe del GIEI contradice la versión oficial de los hechos y critica la investigación del gobierno mexicano hasta la fecha.
En un comunicado, dijo que los expertos acusan al gobierno de no haber seguido líneas de investigación claves, manipular evidencia, proteger a oficiales sospechosos
de participación en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos sospechosos para asegurar “confesiones”.
“Al negarse a dar seguimiento a todas las posibles líneas de investigación, manipular evidencia, no proteger ni apoyar a las familias de los estudiantes y negar el pedido de extender el mandato del GIEI, las autoridades mexicanas están enviando el peligroso mensaje”, dijo.
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